Quito despidió a Walter Garzón

Quito despidió ayer, 14 de septiembre de 2016, a Walter Garzón con un aguacero torrencial, tenaz, que se precipitó a pleno mediodía sobre el centro de la ciudad. “¿Por qué llora tanto?” es un quiteñismo que se usa en estos casos y reflejaba el sentimiento que nos embargaba a muchos de los presentes en la Plaza Grande. Como todos los días miércoles los familiares y amigos de personas desaparecidas nos encontramos  allí  a compartir nuestro dolor, a expresar nuestra inconformidad, a exigir  de las autoridades:¡JUSTICIA Y VERDAD¡ 

Homenaje a Walter Garzón en la Plaza Grande. Foto: Comité 

Teníamos además un un motivo especial para estar allí: la partida de nuestro querido compañero Walter Garzón, mentalizador y organizador de ASFADEC, fallecido dos días antes en Bogotá, por problemas de salud atribuíbles al amor a su hija Carolina desaparecida el 28 de abril del 2012 y a la depresión de no encontrarla ni tener rastros de ella hasta la actualidad.

Cuando la lluvia arreció no fue impedimento para que varios participantes decidieran continuar con el evento, empapándose con el agua que caía a raudales. Ahí permanecieron inconmovibles Telmo Pacheco, presidente de ASFADEC, su hija, su hermano, el compañero de su hija. También Luis Sigcho, obrero eléctrico, el primer presidente de la Asociación; María Eugenia Basantes que busca a su hijo Alexander desde 1994. Ahí estuvo Lidia, megáfono en mano, tratando de que su voz le ganara en volumen al aguacero, haciendo honor a su apodo de “Dama de Hierro”; ahí  se quedaron Lourdes Gualli, amiga solidaria que nos acompaña cada miércoles; Verónica y Luis con el retrato de Walter y su leyenda: ¡Los que mueren por la vida, nunca mueren¡ Estuvo un joven amigo solidario con su bicicleta. Si Jaime Guevara no estuviera impedido físicamente por su accidente, seguramente también habría aguantado el diluvio. Formaban una imagen épica, barroca, sublime, era como si el tiempo se hubiera detenido. El tiempo objetivo no existe, solamente el que marca los episodios más importantes de  nuestras vidas.

La Plaza Grande quedó desierta: sin jubilados que fueron los primeros en ponerse a buen resguardo, sin turistas tomando fotos apuradas, sin lustrabotas, sin vendedores de agua de coco, sin policías metropolitanos en sus nuevos cochecitos, sin chapas, sin pesquisas, sin provocadores ni acólitos luciendo sus camisetas verdeflex. Las bandas y las fanfarrias contratados por el alcalde para publicitar sus megaobras de cables y cemento también se callaron. La marcha de los moradores que protestaban contra la grandes obras de hierro y cemento se disolvió. La Plaza quedó tan desierta que dio la impresión de que hasta el poder había desaparecido. Por un segundo se me cruzó la idea de organizar una fiesta con mis amigos anarquistas.

Guareciéndonos en el portal arzobispal acompañábamos el gesto heroico, los mortales comunes y corrientes que no estuvimos dispuestos a mojarnos. A mi lado se encontraban Doña Clelia, madre de Camilo Tobar, y su amiga; casi nunca faltan a los plantones, las dos sobrepasan los ochenta años y estaban preocupadas porque el servicio del trole se había suspendido. Pero luego todo volvió a la normalidad. El problema fue recoger las pancartas y los retratos empapados de las decenas de desaparecidos cuyas familias han autorizado se los exponga en los eventos de ASFADEC. Otras fotos de desaparecidos ya no se exponen porque sus familiares prefieren cobijarse en otra organización paralela formada por gente cercana al gobierno. En las pancartas hay personas de toda condición, pero predomina el grupo de las mujeres jóvenes que según las estadísticas oficiales corresponden a la gran mayoría de las personas desparecidas.

En esta grave problemática social de la desaparición de personas, que forma parte de un contexto social de maltrato y violencia, la presencia y la actividad de Walter Garzón y de ASFADEC han marcado un antes y un después. 

Antes, cada familia por separado trataba de buscar a sus seres queridos en la más completa soledad, confiando en que las entidades del Estado relacionadas con el tema hicieran algo por buscarlos. 

Desde mediados del 2012, gracias a la organización, la movilización y la presión de los familiares, se han obtenido logros como una campaña de recompensas por los medios de comunicación, la conformación de una unidad especializada de la Policía para la investigación de estos delitos (DINASED) e inclusive entrevistas semestrales con el Presidente de la República y las autoridades competentes para dar seguimiento a algunos casos en investigación. Sin embargo, para que las buenas intenciones y las entidades creadas se traduzcan en resultados concretos, falta mucho trecho todavía. De todas maneras el camino está iniciado, se ha generado la conciencia de que la unidad hace la fuerza. Por eso el lema de ASFADEC dice: ¡Solos los perderemos¡ ¡Unidos los encontraremos¡ Walter lo ideó.

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Pilar Tobar: "Los funcionarios públicos tachan nuestra lucha de politequera"

El 17 de noviembre se cumplió 3 años y 7 meses de tu desaparición hermano y 35 días de la última reunión con el presidente de la República, Rafael Correa. Reunión que como siempre fue un completo éxito de acuerdo con las declaraciones del mismo presidente y varios de los participantes, que cual circo, aplaudieron efusivamente por el espectáculo.

Lamentablemente yo no pude participar, pero debo dejar en claro temas pendientes sobre el estado de la investigación de mi hermano, Camilo Tobar Abril desaparecido el 17 de abril de 2012, en el sector de Cumbayá,  y que desdicen todo lo afirmado en dicha reunión: 

Durante las 3 reuniones mantenidas con el Presidente, en el caso de mi hermano repiten una y otra vez: “Estamos a un paso de resolver el caso”, “Hay avances importantísimos en el caso pero no pueden ser revelados a los familiares por la reserva en la investigación” pero el caso de mi hermano está aún como Actuación Administrativa y según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), habla sobre la Reserva de la investigación cuando señala que; a) la reserva aplica solamente en los procesos penales cuando estén en la etapa de investigación previa; aplica también a terceras personas ajenas a la investigación b) Para ser precisos el Art. 584.- dice: Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. Entonces, ¿de qué reserva me hablan?, ¿Por qué no se ha resuelto el caso de mi hermano si estaban a un paso de resolverlo hace casi dos años desde la primera reunión con el Presidente realizada el 11 de diciembre de 2013? “(…) Acceder a verdad y a justicia no es un derecho apenas formal que se satisfaga mediante la iniciación de procesos administrativos o de indagaciones; o mediante la creación de instituciones no especializadas; sino, que implica que la persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la culminación de la misma, la posibilidad real de ser escuchada, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo de una adecuada, profunda, pormenorizada y transparente investigación.” 

En marzo 2015, durante reunión con el Presidente, los ministros de Justicia e Interior dijeron que se comprobó dolo al dejar en libertad al detenido en el caso de mi hermano y que me harían llegar la resolución del Procedimiento Administrativo. El 30 de marzo nos reunimos con la Ministra Zúñiga, Oscar Obando y Mirna Estacio y efectivamente nos entregaron la prueba de que los ministros, José Serrano y Zúñiga nos mintieron porque nos enviaron la resolución del estado de inocencia de la sumariada, entonces, ¿de qué dolo hablaron los Ministros?. “(...) el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.” 

También puede leer: El sabor amargo que me dejó la reunión con el presidente Rafael Correa.  

El 4 de mayo pusimos en conocimiento de la Fiscalía “encargada” un incidente con mi sobrina sucedido el fin de semana del 2 de mayo, pero resultó que en menos de un mes habían cambiado nuevamente de fiscal de la Ab. Machuca al Dr. Jorge Flores y del Dr. Jorge Flores al Dr. Mencías, este segundo cambio sin notificación alguna, pese al compromiso de la Fiscalía General del Estado que no habrá más cambios de fiscales.Al pedir explicaciones sobre este hecho, la Coordinadora de Fiscales, explicó que debido a la presión de los familiares y de los abogados de los 3 casos emblemáticos y que son los más mediáticos, sonados y conocidos se han visto en la obligación de sacar el caso de Camilo Tobar de la fiscalía de Flores.

 Así él podrá resolver estos casos de manera urgente, cosa que es corroborada por el Ministro Serrano cuando tuitea “Nuestra responsabilidad es resolver el caso de David” y difunden la información de la desaparición de Camilo Tobar con la foto de otra persona.

Esta situación se evidencia una vez más, cuando el Gobierno contrata a espalas de todos los familiares de los desaparecidos, a una profesional del derecho para que represente a una sola persona desaparecida, exigiendo mediante cláusula de confidencialidad a los familiares la reserva del caso por temas presupuestarios, pese a que la Asociación de los Familiares de las Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presentó un proyecto para que sean dos abogados pagados por el Gobierno los que representen todos los casos de los desaparecidos.

Volviendo a lo de mi sobrina. Durante el mismo fin de semana (2 de mayo 2015) intentamos comunicarnos varias veces con el policía investigador, quien ante las llamadas insistentes, ya no solo de mi parte, si no de la Coordinación de Fiscales envía a un subalterno a que averigüe qué pasa mientras él asiste a otra reunión con el Fiscal Flores, cuando yo (Pilar Tobar) le enfrenté, contesta “y a usted qué fue lo que más le molestó, el que no le haya ido a ver o el que no le haya llamado?”. Demostrando que los derechos humanos de nuestros seres queridos ausentes y los nuestros propios han sido vulnerados una vez más por los funcionarios públicos y hasta por el propio presidente de la República, Rafael Correa, al intentar justificar este tipo de actitudes.

Varios de los compromisos adquiridos por el Estado el 11 de diciembre de 2013, aún están sin efectuarse, tales como la Base de Datos Nacional que debe contener información cruzada sobre casas de salud, hospitales, morgues, terminales, centros de detención, refugios, albergues, no existe.

En el Ecuador tampoco existen peritos especializados y la ministra Ledy Zúñiga dijo, el 5 de marzo de 2015, durante la tercera reunión presidencial dijo “...el Gobierno se comprometió a intentar resolver los casos con ayuda de expertos internacionales. Esa asistencia internacional será de antropólogos forenses de Colombia y de Venezuela para fortalecer las investigaciones que ya están en proceso”. Igualmente el defensor Público, Ernesto Pazmiño, dijo: “...solicitar asistencia de la policía de Londres, la Scotland Yard, para continuar con las operaciones de búsqueda de los desaparecidos”. (El Universo: Expertos internacionales resolverán casos de desaparecidos en Ecuador:http://bit.ly/1wMFirk). Sin embargo a lo antes ofrecido, en la cuarta reunión en Presidencia, la ministra de Justicia lo vuelve a ofrecer como un compromiso. (El Telégrafo: Presidente Correa se reúne con familiares de desaparecidos: http://bit.ly/1A0EHhg) 

Con respecto al sistema David, tampoco cumple con el objetivo de informar sobre las actividades realizadas en los casos de los desaparecidos ya que en la fecha en que nos dieron la capacitación sobre el sistema, constaba en el caso de mi hermano que se realizaría rastreo y búsquedas, así como pericias técnicas en el año 2017, lamentablemente no hubo impresoras aquel día para imprimir dicha prueba. 

A todo esto debo manifestar que es deber del Estado garantizar y promover los Derechos Humanos de manera efectiva e idónea, creando y cumpliendo las políticas públicas especificas; pero queda demostrado una vez más que en el caso de personas desaparecidas la respuesta estatal es insuficiente. Reconozco el intento por atender y resolver la problemática de la desaparición, sin embargo, nada es suficiente, pues pese a la creación de la Dinased, la Unidad de Fiscalía en la ciudad de Pichincha, consolidación de líneas telefónicas y campañas de recompensas, el personal no posee una capacitación adecuada para investigar, resolver, atender solicitudes de recompensas en los casos de desaparecidos, tampoco cuentan con los recursos y herramientas humanas y técnicas suficientes.

Recuerdo las palabras del Papa Francisco en su visita al Ecuador: "La familia constituye la gran riqueza que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de las servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. En efecto, estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos” a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno en dar una respuesta y encontrar a los desaparecidos, la deuda social respecto a la institución familiar aún es muy grande. Las familias estamos quebradas, incompletas porque no estamos todos, nos faltan nuestros seres queridos desaparecidos y por eso rechazó una vez más la insistencia del presidente Rafael Correa cuando dice que a pesar de existir la libertad de asociarse, salir a las calles, hacer plantones y marchas de los familiares de los desaparecidos, no resuelve nada y por el contrario politizan el tema.

Los familiares que marchamos o participamos en plantones lo hacemos de manera voluntaria con la firme convicción que es una alternativa válida para ayudar a encontrar a nuestros seres queridos; que nuestra lucha es legítima y nace del amor por encontrar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, los funcionarios públicos y demás personas que tachan nuestra lucha de politequera y partidista vulneran nuestros derechos, en el Gobierno el Buen Vivir.

Texto de Pilar Tobar que busca a su hermano, 

Camilo Tobar Abril, desaparecido el 17 de abril de 2012, 

en el sector de Cumbayá.

Pilar Tobar. Foto: Voces de Libertad 

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¿En dónde se queda la justicia? cuando una persona desaparece

Esta semana, una triste noticia se ha confirmado. El cuerpo hallado en una quebrada ubicada en las proximidades de la parroquia de Zámbiza, en el noreste de Quito,  pertenece a Shirley Calo, joven estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador.

Shirley Calo desapareció el martes 3 marzo de 2015. Por investigación de sus familiares se sabe que fue vista por última vez en el sector de Zámbiza.  

El lunes 28 de septiembre entrevisté a la familia en el segmento “Ni un minuto de silencio” del programa "Tu voz en mi memoria". Rosa Gonzáles, madre de Shirley y su hermana, María Cristina, denunciaron la falta de celeridad en la investigación sobre la desaparición de Shirley Calo. Esto porque después de 6 meses y más, los agentes de Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones Extorsión y Secuestros (Dinased)  encargados de la investigación no realizaron un solo barrido en las proximidades del lugar de la desaparición. Ocho meses después, niños que se encontraban jugando en el sector hallaron el cadáver, señala en una de sus páginas el diario El Comercio.

El porcentaje de resoluciones según de Dinased, es alto, pero yo pregunto cuáles son los criterios para afirmar eso. El hallazgo del cuerpo de Shirley, por casualidad, no es el primero. Pasó lo mismo con el cuerpo de Carla Pinto en la parroquia de Conocoto. ¿Producto de investigaciones...?

Esta vida perdida, seguro lo convierten en estadística las "autoridades encargadas" para sumar puntos en la resolución de caso y con eso decir que sí se avanza en el proceso de investigaciones. Decir que los que hacen plantones y marchas son politiqueros y manipulados.

¿En dónde se queda la justicia?

Se queda acaso de la puerta de la Dinased, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, repito de la puerta hacia dentro, del sonido del discurso en el sonido de la palabra, en la vaciedad discursiva de que sí se están haciendo las cosas.

¿En dónde se queda la justicia y el profesionalismo del que sacan pecho y usan como estandarte para denigrar la lucha de los familiares o de sus amigos, asesores, cantautores?

Hoy me lleno más de tristeza, y con eso espero que mi mirada, mi voz y mi vida no pierdan la valentía de ofrecer esperanza en la radio, en los plantones, en las marchas… a los familiares que se quedan gritando en dónde está Camilo Tobar, Telmo Orlando Pacheco, Stephany Carolina Garzón Ardila, Leonor Ramírez, Luis Daniel Sigcho, David Borja, David Romo, Gustavo Garzón, Cristian Acevedo, Luis Vélasquez, en dónde están

Vamos compañeras y compañeros que a pesar que se me quiebra la voz por la tristeza y el nudo en la garganta en ocasiones no nos permita gritar sus nombres sigamos buscándolos porque de ellos y ellas también depende nuestra alegría.

Comparto con todxs el audio de la entrevista realizada en septiembre a la familia de Shirley Calo http://bit.ly/1PJbtj9 

Texto de Darío Iza, producción de programa 

"Tu voz en mi memoria" 

que se transmite por Rayuela Radio. 

Jhomayra Shirley Calo Gonzáles desapareció el 3 de marzo. Foto: María Cristina Calo

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'Pedir un minuto de silencio es quedarnos eternamente callados'

”Pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en mi país, es quedarnos callados eternamente”. Ana Gatica

El día lunes asistí a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía para poner en conocimiento del Fiscal que lleva el caso de mi hermano un acontecimiento relacionado con mi sobrina. En vista de que (y pese a que se notificó al agente investigador) no tuvimos suerte con una respuesta oportuna de su parte, me reuní con la Coordinadora de Fiscales y le informé lo que estaba sucediendo.

Lamentablemente o felizmente me enteré de que el caso de mi hermano ha sido reasignado a otro fiscal. Al preguntar la razón de esta decisión que sorprende (pues apenas hace un mes atrás un nuevo fiscal conocía el caso), la respuesta fue: “… porque el fiscal Flores ya tiene 3 casos emblemáticos que son los más sonados, publicitados y pesados y hay que atenderles porque la familia y sus abogados ejercen demasiada presión.” Ante este tipo de decisiones y atropellos no puedo quedarme callada y hago la siguiente reflexión:

1. Ética profesional: no se puede concebir que una institución pública priorice la atención de unos casos según el criterio de alcance mediático que éstos tengan. La construcción de la figura "casos emblemáticos", contradice el principio de igualdad que rige a la administración de justicia. Por lo tanto, su implementación en la práctica es un acto de injusticia, un factor de desigualdad, que lastimosamente se ha legitimado. En este sentido, no se administra justicia sino que se reparte desigualdad y se busca el contento del electorado en detrimento de la justicia. Esto no es profesional sino demagógico.

2. Incumplimiento constante de procedimientos: no hubo notificación al encargado del caso sobre el cambio de fiscal en ningún momento. Esto es reflejo de al menos una de dos cosas: a) se quiso evitar el reclamo por el cambio de fiscal ocultándonos. El motivo del cambio (los casos emblemáticos y su publicidad); b) el olvido (intencional o no) que de cualquier modo confiesa un trabajo poco riguroso y poco observado por superiores y poco respetuoso al afectado.

3. Las complicaciones no se originan en quien reclama sino en la institución. Cada cambio y cada acción de este tipo responde a las necesidades de todos, menos del afectado ni del caso. Esto alarga la resolución de los casos en lugar de apresurar su despacho. Es necesario el compromiso firme de no realizar modificaciones innecesarias para darle la continuidad responsable y rigurosa que exigen los casos que se contrapone con la actuación circense y rudimentaria que han tenido hasta ahora.

4. En mi calidad de ciudadana con derechos igualitarios tomo la palabra del Presidente de la República, Rafael Correa, quien dijo durante la última reunión mantenida con los familiares de personas desaparecidas, el 5 de marzo de 2015, en Carondelet, en la que expresó: “Si es necesario tener un fiscal por cada caso, entonces que así se proceda…”. Por tanto, exijo que el nuevo fiscal asignado al caso de mi hermano sea de exclusividad, al igual que todos los casos tengan un fiscal asignado. Exijo que la ayuda económica ofrecida a los familiares sea dirigida a los abogados de los 3 “casos emblemáticos” para que también ellos ejerzan la misma presión por todos los casos y, de ese modo, los fiscales realicen el trabajo con la diligencia y compromiso que corresponde.

Les dejo estas inquietudes con la firme promesa de que si las garantías ofrecidas por el Dr. Fidel Jaramillo, Director de la Comisión de la verdad y Derechos Humanos, se hacen realidad, pediré disculpas por este mismo medio y reconoceré el cumplimiento eficiente de las obligaciones gubernamentales, no sin antes presentarles mi cordial saludo a todas las autoridades del país y servidores públicos que me leen.

Texto de Pilar Tobar, hermana de Camilo Tobar desaparecido el 17 de abril de 2012, en el sector de Cumabayá. 

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La política sobre desaparición de personas en el Ecuador: observaciones a la normativa y prácticas

Por Norma Peñaherrera Guachamín

Los casos de los hermanos Restrepo y Consuelo Benavides son referentes sobre la desaparición forzada de personas en Ecuador. Sin embargo, pese a las medidas que se tomaron a raíz de estos casos, las desapariciones de personas no han cesado en el país. 

Ante esto, amigos y familiares de personas desaparecidas han llevado a cabo plantones, marchas, eventos de visibilización, difusión en redes sociales y medios de comunicación con los cuales han forzado al Estado y a sus instituciones a involucrarse en el tema. En diciembre de 2013, familiares de personas desaparecidas mantuvieron una reunión con el Presidente Rafael Correa Delgado, para visibilizar sus casos y propusieron una serie de medidas de prevención: implementación de la línea “1-800 desapariciones” e inclusión de personas desaparecidas en el sistema de recompensas similar a la de los más buscados; recepción inmediata de denuncias por desapariciones (sin tener que esperar 48 o 72 horas como era la práctica usual); establecimiento de unidades especializadas en la policía y fiscalía para  buscar personas desaparecidas; suspensión de la rotación de fiscales (que afectaba la continuidad de las investigaciones); implementación de bases de datos nacionales sobre  personas desaparecidas y personas atendidas en instituciones de salud, morgues y cementerios; difusión en todos los medios de comunicación del rostro de las personas desaparecidas;  seguimiento y monitoreo de casos por parte de los familiares de personas desaparecidas;  sanción a fiscales y agentes policiales por maltrato a las víctimas, actos de corrupción (coimas y dádivas) y negligencia en el cumplimiento de sus funciones.  Como medida general se solicitó una política pública integral para atender los casos de personas desaparecidas.(1)

A partir de este primer encuentro, se conformaron instituciones específicas para atender los casos de desapariciones. La Policía Nacional estableció la DINASED, Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. La Fiscalía General del Estado conformó la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas con cinco fiscales. Ambas agencias iniciaron sus labores basadas en los Manuales, Protocolos, Instructivos y Formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado,(2) y en el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas.(3)

Estos instrumentos imponen a los investigadores los deberes de diligencia, sensibilidad y profesionalismo “para lograr una justicia oportuna, expedita y sensibilizada”. (Art. 2 Protocolo CNJ). El Protocolo resalta la necesidad de “capacitación para su óptima implementación” (Art. 15) pues más allá de las instituciones, marco regulatorio, herramientas tecnológicas y recursos humanos es evidente que los agentes requieren no sólo formación especializada en procedimientos básicos de investigación sino además en ética y profesionalismo para ejecutar su trabajo.

Estos esfuerzos son, indudablemente, positivos pero requieren ajustes y cambios para mayor efectividad. Las observaciones que desarrollo a continuación sobre la normativa y las prácticas vigentes son aportes al mejoramiento de acciones y procesos en marcha en el difícil tema de la desaparición de personas en el Ecuador.

 

Mis primeras observaciones tienen que ver con el tratamiento de las desapariciones en la legislación ecuatoriana. 

El artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sólo  tipifica la desaparición forzada, esto es,  la que es obra de agente del Estado o quien actúe con  consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impide el ejercicio de garantías constitucionales  o legales. La sanción prevista será de pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

El COIP no se refiere a otra forma de  desaparición posible: aquélla en la que no intervienen agentes del Estado sino personas particulares, que actúan independientemente, sin la autorización, el apoyo ni la aquiescencia del Estado y que generalmente está vinculada  a la trata de personas, tráfico de personas u otros delitos. Esta última forma de desaparición, al no estar tipificada como delito, es conocida por la Unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía General del Estado que fue creada para descongestionar el accionar de la Fiscalía, como casos sobre revenidos químicos, devolución de vehículos robados, etc.

Tratar el tema de desapariciones en esta unidad, que no tiene regulación ni procedimiento específico, que no prevé plazos ni requerimientos básicos,(4) impide que la investigación avance productivamente y con el resultado esperado: encontrar al desaparecido y conocer la verdad sobre lo que sucedió alrededor de su desaparición.

La imprescriptibilidad que establece el Art. 417 del COIP para la investigación en casos  de personas desaparecidas es, sin duda, necesaria. Ella implica que mientras la calidad de “desaparecido” persista, se mantenga la obligación estatal de investigar. Sin embargo, mal entendida por los agentes, la imprescriptibilidad de la investigación puede resultar en la falta de prontitud, inmediatez y diligencia necesarias en las investigaciones de casos en los que, por naturaleza, el tiempo es un factor determinante de éxito (entendiendo éxito como el hallazgo de la persona desaparecida, preferiblemente viva e ilesa). La imprescriptibilidad no es ni puede ser justificación para no investigar a tiempo, ni para someter a las víctimas-familiares a la incertidumbre indefinida.

El Estado tiene la obligación de investigar en tiempo razonable.  Debe haber celeridad y debida diligencia en las investigaciones para evitar que se pierdan pruebas e indicios.  Es poco razonable esperar que pruebas practicadas después de años de ocurrida la desaparición tengan resultados favorables.

En este sentido, es importante tomar en cuenta también que el número de diligencias realizadas no equivale a diligencias efectivas ni diligencias necesarias. A veces, no se trata más que "engorde del expediente". En el caso de la desaparición del joven Santiago David Romo Córdova, la Fiscalía afirma que entre 2013 y 2015, ha realizado 500 diligencias; pero corresponde determinar cuán instrumentales a la resolución de éste  caso,  han sido o pueden ser estas diligencias. 

Otra observación importante, ya en el ámbito de las prácticas, tiene que ver con la generación y uso de la información.  En materia de desapariciones, es fundamental contar con información fiable.  Son notorias las diferencias entre las cifras de las agencias investigadoras. Según los datos de la Fiscalía, en 2014 se reportaron 19.515 denuncias por desapariciones, de las cuales se resolvieron   18.142.   Quedan pendientes de investigación 1.373 casos; de los cuales 300 corresponden sólo a Quito.(5) Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2014  la DINASED ha recibido 4.592 casos de desaparición. De éstos, han sido resueltos 4.068 casos (encontrados con vida) y 116 más (encontrados sin vida, por causa natural).  Es decir que 408 casos se encuentran aún en investigación. Según estas mismas cifras, la ciudad de Quito es la sub zona donde se encuentra el mayor número de casos con un total de 1.928. De estos, 1.779 han sido resueltos y 203 aún están en investigación.(6)  Es evidente que se necesita unificar los datos.

Más allá de revisar las estadísticas y tener datos unificados, éstas deben servir para comprender el mundo, como nos recordara Nietzsche. Los datos compilados por las agencias deberían servir de base para estudios sobre los patrones comunes de desaparición, perfil de la víctima, sexo, edad, situación social económica familiar, educativa, laboral, ubicación geofísica, lugar donde fue vista por última vez. Como señalan expertos (Kaminsky y Galeano, 2007), estos análisis de estadísticas y escenarios son necesarios para la gestión de políticas públicas en materia de seguridad. Sin éstos, difícilmente se puede realizar, con eficiencia y efectividad, la prevención, la investigación, la solución de los casos y la reparación. 

Además de fundarse en estudios sólidos, las políticas públicas sobre personas desaparecidas podrían apoyarse más en la comunidad. La práctica enseña que en estos casos, los mejores aliados de abogados, policías y fiscales suelen ser  los familiares de los desaparecidos que a lo largo del proceso van entendiéndolo mejor e involucrándose con información y esfuerzos de los que las agencias no disponen.

Ahora bien, más allá del valor instrumental del aporte de los familiares en los procesos de investigación por desaparecidos, quiero resaltar una cuestión básica de humanidad que el derecho ha sabido recoger al menos en la teoría. En los casos de personas desaparecidas, no sólo es víctima quien desaparece, sino también todos los miembros de su núcleo íntimo y familiar.  Son éstos quienes tras la desaparición quedan anclados en la búsqueda.  Usuarios y víctimas tienen derechos diferenciados en el sistema de justicia, conforme al artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador.

En la práctica, ni los fiscales ni los policías a cargo de las investigaciones de casos de desaparecidos parecen tener claro el alcance del término “víctima” en el sentido ampliado que aquí indico. Para éstos, el familiar es un usuario más del sistema, a quien por razones de   investigación se lo priva de conocer cierta información para evitar fuga de contenidos y que se “caiga el caso”.  Para el familiar, esta actitud implica más preguntas sin respuestas, sensación de pistas no investigadas a cabalidad, desconocimiento sobre el avance de la investigación.  Al respecto, vale recordar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, y hace presumir un daño a la integridad psíquica y moral de los familiares.” (7) Es necesario entonces procurar un balance entre la protección de la investigación y el derecho a saber de las víctimas.

Cuando desaparece una persona desaparecen con ella proyectos de vida, búsquedas, sueños, amores y la posibilidad de quienes quedamos, de disfrutar y construir esos proyectos con ellos, con ellas...Vale recordar entonces que las investigaciones inefectivas propician la impunidad de los autores de estos hechos graves y la repetición de estas conductas. El resultado es la indefensión de las víctimas, todas, presentes y futuras, y una gran pérdida para la sociedad.

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(1) Ver Enlace Ciudadano del 14 de diciembre de 2013.
(2)  Registro Oficial Suplemento 318, con Resolución No. 073-FGE-2014.
(3) Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura No. 160-2012, de 8 de noviembre de 2012.
(4) Estatuto Orgánico por procesos de la Fiscalía General Del Estado publicado en el R. O. Suplemento 268 de 23 de marzo de 2012.
(5) Ver Revistas No. 34 y 35 de la Fiscalía General del Estado.
(6) Ver Informe de Personas Desaparecidas en  http://repositorio.dpe.gob.ec/image/INFORME-PERSONAS-DESAPARECIDAS.pdf  p. 26
(7) Casos Trujillo Oroza vs. Bolivia (2000) y Contreras y otros vs. El Salvador (2011)

Contenido publicado originalmente en:

Estado de derecho, 30 de mayo de 2015. 

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'Las instituciones deben aprender a recuperar la voz de las víctimas'

Alexandra dos años buscando la verdad, Alexandra dos años haciendo una y otra vez la misma pregunta a centenares de funcionarios, Alexandra dos años recibiendo las mismas respuestas vacías, carentes de fundamento…. 

Durante estos dos años, el Estado ecuatoriano, al igual que en otros tantos casos, ha negado a Alexandra Córdova y a su familia el derecho a la verdad. Nos ha negado ese derecho a todos y todas quienes diariamente preguntamos ¿Dónde está David Romo?...

Esa ausencia de verdad en el caso de David Romo también implica que el Estado ecuatoriano ha favorecido la impunidad y la repetición crónica de estas gravísimas conductas que alteran la integridad personal, la vida…  porque cuando desaparecieron a DAVID, a CAROLINA, a JULIANA, a ORLANDO, a CAMILO, a LUIS DANIEL…. Desaparecieron sus proyectos de vida, sus búsquedas, sus sueños, sus amores…y entonces también nos privaron a todos de disfrutarlos y construirlos con ellos, con ellas….. 

Esta falta de verdad sobre lo que ocurrió con ellos y ellas pone de manifiesto la inadecuada investigación y administración de justicia,  pone en evidencia que el Estado ecuatoriano incumple una de sus principales obligaciones vinculada al esclarecimiento judicial de conductas como la desaparición, propiciando además una total indefensión para las victimas presentes y futuras. El no esclarecimiento oportuno e integral de los hechos, la no sanción a los responsables de los mismos generan responsabilidad estatal por incumplimiento de su obligación de brindar protección judicial. Así mismo lo generará la ausencia de medidas de prevención del daño al no adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. 

Por ello, para reconstruir los sueños y reivindicaciones que dieron sentido a la vida de David Romo, de Carolina, de Juliana, de Orlando, de Camilo, de Luis Daniel… y lograr que estas injurias a la dignidad humana no vuelvan a repetirse es preciso recuperar LA VERDAD y vencer la memoria oficial que el Estado pretende imponernos cuando intentan poner sobre DAVID y sobre su familia la responsabilidad de los hechos, cuando pretenden dividirnos de otros familiares imponiendo supuestos privilegios, cuando nos hablan de 800 diligencias que no llegan a ningún sitio y solo terminan convertidas en 800 infructuosas actividades que engrosan un expediente y pueden incluso a justificar salarios y ascensos. 

Y es que al final de estos dos años ni las estadísticas oficiales, ni los pretendidos expedientes de “investigación y justicia” que maneja la institucionalidad nos pueden dar cuenta de esta verdad. Únicamente la versión de las víctimas, sus familiares y amigos es la que podrá dar cuenta de los proyectos y los sueños de David, del vacío de su ausencia, de la persistencia de su madre, de los hechos. 

Uno de los desafíos más grandes que dos años después queda latente es que el Estado ecuatoriano, sus fiscales, sus agentes policiales y su institucionalidad debe aprender a recuperar la voz de las víctimas, a dar valor a sus aportes, a generar actuaciones que sean reparadoras y no agraven más el daño, que ya la desaparición de su ser querido les ha causado; a reconocer sus omisiones y debilidades institucionales para abordar este gravísimo fenómeno y dar respuestas efectivas…. Porque la ausencia de verdad impide justicia, incrementa la impunidad y favorece que los responsables de estos gravísimos hechos se amparen en el olvido y la distorsión de la memoria…

Texto: María Espinosa, abogada que acompaña 

los casos de personas desaparecidas.

Plaza Grande. Plantón de visibilización de las personas desaparecidas en el país. Foto: Giovanni Rueda. 

 

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Yadira Labanda: carta abierta a las autoridades que tras 15 meses no saben dónde está mi hija

Tengo que saber que pasó con mi hija, Angie Marianella Carrillo Labanda,desaparecida el 28 de enero de 2014, en Riobamba. 

Quito, 25 de abril de 2015

Mi nombre es, Yadira Labanda Moncada, ciudadana ecuatoriana,madre de Angie Marianella Carrillo Labanda, ciudadana ecuatoriana desaparecida desde el 28 de enero de 2014, quien al momento de su desaparición tenía 19 años y era estudiante de medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Plaza Grande. Plantón por Angie Carrillo al cumplirse 1 año de su desaparición. 

Me dirijo a ustedes,con el firme propósito de poner en conocimiento cierto eventos que se han venido dando en el caso de mi hija, con los cuales no estoy de acuerdo, en primer lugar debo aclarar ,que fui yo quien puso la denuncia en la ciudad de Riobamba donde mi hija antes mencionada vivía junto conmigo y sus hermanos, como usted podrá entender mi principal interés y único objetivo en la vida es aportar y si fuera posible yo misma llevar a cabo la búsqueda de mi hija. Sin embargo, debo decir ante usted, que siento que mis derechos como madre de mi hija desparecida han sido vulnerados y no se ha respetado el hecho de que como madre y en mi desesperación haré todo cuanto esté en mis manos por volver a tener conmigo a mi hija. Es por esto y por motivos obvios de afinidad y apelando a lo más profundo de su entendimiento solicito se me de la información necesaria para tener un claro conocimiento sobre que se ha venido realizando respecto a la investigación y búsqueda de mi hija desaparecida por parte de la Fiscal.

Manifiesto mi malestar ante la Fiscal, ya que desde algunas semanas atrás ha manifestado una clara conducta de no colaboración con mi persona respecto de los últimos avances sobre la investigación del caso de mi hija. Manifestándome que por mi parte, si necesito alguna información o petición se la solicite por escrito, le he manifestado por muchas ocasiones que se llame a dar versiones a los principales sospechosos que tendría que ver en la desaparición de mi hija, pero hasta la fecha mi petición no ha sido escuchada ,ya que es primordial para mi esta información en el caso de la desaparición de mi hija, Angie. Afirma que yo estoy llevando una investigación paralela, debo aclarar, que en efecto he hecho indagaciones por mi parte, pero jamás lo he hecho sin el conocimiento de los agentes investigadores del caso, es decir, cualquier pista por mínima que sea que yo haya encontrado siempre ha sido puesto en conocimiento de la policía, por tanto lo que afirma la Fiscal , es una absoluta mentirá ya que lo único que he realizado vuelvo e insisto ha sido a favor de la búsqueda de mi hija.

Ya han transcurrido 15 meses de la desaparición de mi hija y no se posee indicios claros de su desaparición. Se han solicitado las mismas y exactas diligencias que ya fueron llevadas a cabo por los anteriores fiscales, hasta el día de hoy no existen respuestas exactas de los peritajes ya que los peritos se excusan por existir sobrecarga en sus actividades pero esto ya se viene dando desde el inicio de la investigación, es decir, hace más de un año.

Por tanto como ciudadana ecuatoriana que soy respeto y me acojo a todo cuanto se menciona en nuestra Constitución del Estado ecuatoriano, en el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución del Estado, y solicito a las autoridades competentes,que se dé un estricto seguimiento al caso de mi hija y se me informe el estado actual del proceso, ya que estoy ciertamente interesada en saber el porqué de la demora de todos los tramites que corresponden a la desaparición de mi hija, Angie Marianella Carrillo Labanda.

Finalmente insisto en apelar a su sensibilidad, quien le escribe es una madre desesperada que busca con ansias poder tener en el seno familiar de vuelta a mi amada hija. Me pregunto ¿Si unos de sus seres amados estuviera en la situación que mi hija ustedes como autoridades no agotaría todos los medios posibles para volver a tener a los suyos en familia?, Me pregunto ¿Es pecado como madre que soy y al ver la lentitud como se procede en el caso de mi hija llevar averiguaciones por mi lado?, yo no lo creo pues si como madre debo ir al mismo infierno por encontrar a mi hija lo haré y en este duro camino esperaría contar con el apoyo de todas las personas quienes pueden aportar de manera real y veraz en el caso, pero de igual forma necesito contar con el apoyo de las autoridades.

Sin embargo, como ya lo expuse no he encontrado hasta hoy nada positivo ni de avance para dar con el paradero de mi amada Angie.

Carta dirigida a las máximas autoridades 

competentes manifestando mi malestar. 

Yadira Labanda Moncada, 0997173461 

Afiche sobre la desaparición de Angie Carrillo. Foto: Facebook 

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Las tres coincidencias de mayo

Pintura 'Madres de Plaza de Mayo' del Homenaje denominado 'Madres Coraje' de Emilio Cartoy Díaz.
Foto:  antiwarsongs.org

(O)

"Se acerca mayo, el mes de la madre,

símbolo máximo, del hogar cristiano

aunque solo sea en mayo.

Empieza mayo, con una conmemoración mundial

por los Mártires de Chicago y la masacre campal.

La plaza argentina, cercada por las instituciones del poder central,

su nombre e historia repasan la violencia y la represión brutal".

Viva la lucha de las madres de la plaza de mayo y de tod@s quienes trajinan diariamente en las calles, plazas y parques por encontrar a un ser querido, una respuesta y  sobre todo justicia..!

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